Desde USIC, queremos ser tajantes ante la reciente campaña especial de vigilancia en tramos de obras activada por la Dirección General de Tráfico (DGT) entre el 22 y el 28 de junio. Aunque valoramos que se ponga el foco en la vulnerabilidad de nuestro colectivo, no podemos aceptar que la seguridad de los trabajadores de Conservación y Explotación (COEX) se trate como un evento estacional. Nuestra oficina no tiene paredes y está abierta las 24 horas, los 365 días del año. Una semana de “festival de multas” no soluciona un problema estructural de desprotección.
La invisibilización jurídica: ¿Accidente de tráfico o accidente laboral?
Detrás de las estadísticas oficiales se esconde una grave discriminación y una falta de derechos sistemática hacia nuestro colectivo. Cuando un operario es arrollado en la calzada, las administraciones y las Mutuas tienden a catalogar y gestionar el suceso como un accidente de tráfico común, diluyendo la responsabilidad en la imprudencia de un conductor ajeno.
Denunciamos la desprotección legal del trabajador: Tratar nuestros siniestros puramente como eventos de tráfico es un blindaje para las empresas adjudicatarias y la propia Administración. Al no abordarse con el rigor de la Inspección de Trabajo y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), se obvia que el lugar del atropello es un centro de trabajo.
Esta catalogación priva a los trabajadores y a sus familias de la protección integral que exige un entorno de alta peligrosidad, invisibiliza las deficiencias en los planes de seguridad sectoriales y exime a los verdaderos responsables de asumir las consecuencias de la falta de medios en los tajos. No somos conductores circulando; somos profesionales trabajando.
La realidad frente al escaparate institucional
La DGT reporta cifras alarmantes: 154 siniestros en zonas de obras durante 2025, con 26 operarios atropellados mientras trabajaban a pie de calzada. Si bien agradecemos el despliegue de radares y la certificación de conos conectados para alertar en tiempo real a través de la plataforma DGT 3.0, estas herramientas tecnológicas son insuficientes si no van acompañadas de un cambio profundo en la gestión de la seguridad.
La iniciativa europea #(S)he Works, I Care es un gesto necesario de concienciación, pero los trabajadores de conservación no necesitan solo “cariño” o “concienciación” de los conductores; necesitan que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y las administraciones autonómicas cumplan con su deber.
Adjudicaciones a la baja y falta de medios
Desde USIC denunciamos que la peligrosidad de nuestra profesión se ve agravada por un modelo de gestión que prioriza el ahorro sobre la vida. Las adjudicaciones mediante subasta o criterios puramente económicos —como las recientes licitaciones y contratos millonarios en sectores de Aragón, Burgos, Valladolid o Madrid— pervierten el sistema.
Cuando una empresa gana un contrato ajustando sus costes al máximo, los primeros recortes suelen aplicarse en lo que “no se ve”: el mantenimiento de equipos, la calidad de la señalización y los recursos humanos necesarios para realizar cortes de carril seguros. La falta de medios en las empresas del sector COEX es un riesgo inducido por la propia Administración al no perseguir de manera eficiente los incumplimientos de los pliegos de condiciones en materia de seguridad vial laboral.
Exigimos hechos, no solo vigilancia
El trágico accidente en la autovía A-11 en Coreses es el recordatorio más reciente de que nuestra vulnerabilidad es extrema y diaria. Por ello, el discurso de USIC se centra en tres exigencias innegociables:
- Reconocimiento y tipificación como Accidente Laboral: Exigimos que cualquier siniestro en zonas de conservación sea investigado de oficio por la Inspección de Trabajo, auditando de forma estricta los planes de señalización y las medidas de protección activa de la empresa contratista.
- Vigilancia permanente, no semanal: Los controles de velocidad y distracciones en zonas de mantenimiento deben ser la norma, no la excepción de una campaña de siete días.
- Responsabilidad administrativa: El Ministerio y sus homólogos autonómicos deben dejar de ser meros “pagadores” y convertirse en supervisores estrictos. No se puede permitir que el beneficio empresarial se cimente sobre el ahorro en sistemas de protección activa.
- Fin de la adjudicación por precio: La seguridad en el sector COEX debe tener un peso determinante en las licitaciones. Una vida humana vale más que cualquier rebaja en un presupuesto de conservación.
La seguridad del personal de conservación no es negociable. Agradecemos la campaña, pero seguiremos alzando la voz contra la precariedad y el olvido institucional. El 29 de junio, cuando las cámaras de la DGT se apaguen, nosotros seguiremos a pie de carretera, con nieve, con olas de calor, con danas o lo que toque cada día.
Exigimos que el Ministerio también esté allí para protegernos.
Fuentes: