La reciente dimisión de la subdirectora general de Conservación y Gestión de Activos, ha destapado una crisis en el Ministerio de Transportes que los trabajadores del sector desde USIC (Unión Sindical Independiente de Conservación) venimos denunciando desde hace tiempo. Su marcha es una respuesta directa a la pretensión de imponer un sistema de “subasta” en los pliegos de contratación, un modelo que prioriza el ahorro económico sobre la solvencia técnica.
El peligro de la subasta: precariedad.
Desde una perspectiva sindical, el sistema de subasta —donde el precio es el factor decisorio principal— es una invitación directa a la oferta anormalmente baja.
Para los trabajadores, esto se traduce en:
- Riesgo para la ejecución: Una oferta demasiado baja pone en peligro la viabilidad real del mantenimiento, ya que no permite cubrir los costes reales de producción, materiales y mano de obra.
- Precarización laboral: Al competir únicamente por precio, las empresas tienden a recortar en condiciones laborales, a pesar de que la ley permite incluir criterios sociales como el porcentaje de empleo fijo y femenino para mejorar la calidad del servicio.
- Inseguridad en el tajo: Un mantenimiento deficiente no solo afecta al usuario, sino que aumenta el riesgo para las cuadrillas que deben intervenir en vías cada vez más degradadas por la falta de inversión preventiva.Un sistema de subasta ignora que la conservación es un “contrato de servicios” basado en prestaciones de hacer, donde la calidad técnica debe ser verificable mediante indicadores objetivos como el índice de regularidad (IRI) o el coeficiente de rozamiento (CRT). Debilitar estos criterios técnicos en favor de la puja económica es una irresponsabilidad que multiplica las obras de emergencia, mucho más costosas para las arcas públicas que un mantenimiento programado y de calidad.
Desde USIC rechazamos el modelo de subasta
La normativa vigente permite (y obliga) a realizar una contratación estratégica que incorpore de manera preceptiva criterios cualitativos, sociales y medioambientales. No se puede evaluar la “mejor relación calidad-precio” si se vacía de contenido la parte técnica.
Como trabajadores que mantienen las carreteras, exigimos pliegos que:
- Garanticen la seguridad: Valorando la excelencia en la ejecución y el cumplimiento de estándares de calidad.
- Protejan el empleo: Exigiendo solvencia técnica y profesional debidamente acreditada para evitar empresas que ganan contratos y luego no pueden cumplirlos.
- Miren a largo plazo: Entendiendo que lo que hoy se ahorra en la subasta, se pagará mañana (más si cabe) con accidentes, cortes de vía y gastos de emergencia.
La seguridad de los conductores y de los trabajadores no puede ser el saldo de una puja. El Ministerio debe reconsiderar este modelo de subasta que solo profundiza el deterioro de nuestras infraestructuras públicas.